En Valladolid, la Guardia Civil ha abierto diligencias a un ganadero tras localizar en su explotación de La Overuela restos de animales. Durante la intervención se corroboró la presencia de cadáveres de vacas, caballos y cabras en diferentes fases de descomposición.
La actuación se inició a petición del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que reclamó una inspección por indicios de irregularidades en la explotación de La Overuela. La visita se llevó a cabo el viernes 3 de octubre a primera hora de la tarde, con participación de varios cuerpos.
Inspección conjunta y hallazgos
El operativo se desarrolló con agentes de la Guardia Civil, efectivos de la Policía Local y un técnico auxiliar municipal de Medio Ambiente. En el interior se detectó una gran acumulación de estiércol, entre la que afloraban cuerpos de distintos animales en claro estado de deterioro, además de ejemplares vivos mantenidos en el recinto.
El equipo técnico emitió un informe donde advirtió de un grave estado de insalubridad por las condiciones higiénico-sanitarias observadas, apuntando que la salud —e incluso la vida— de los animales estabulados podría estar comprometida si no se actuaba de inmediato.
Situación administrativa de la explotación
Durante las comprobaciones, los agentes constataron que la granja había perdido su CIF y no contaba con un CEA activo. Esta circunstancia impide el movimiento legal de animales y fue, precisamente, el detonante de la inspección por ser un requisito indispensable de registro y control administrativo.
La ausencia de este marco administrativo dificulta la trazabilidad del ganado y la supervisión sanitaria, elemento clave para garantizar el bienestar animal y el cumplimiento de las normas vigentes en materia agroganadera.
Derivación a la vía judicial
A la vista del informe técnico y de los hechos observados, la Benemérita instruyó diligencias contra el titular de la explotación como presunto autor de un delito contra los animales. La documentación ha sido elevada al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid y a la Fiscalía de la Audiencia Provincial (Urbanismo y Medio Ambiente).
Fuentes del instituto armado subrayan que se mantendrá la coordinación con las autoridades municipales para el seguimiento del caso y cualquier medida complementaria que pudiese requerir la autoridad judicial.
Posibles penas y medidas
El investigado podría afrontarse a lo previsto en el artículo 340 bis del Código Penal: prisión de tres a dieciocho meses o, en su caso, multa de seis a doce meses. Asimismo, se contempla la inhabilitación especial de uno a tres años para actividades profesionales, oficios o comercios vinculados con animales, así como para su tenencia fuera de las actividades reguladas.
Hasta que haya resolución, rige la presunción de inocencia, mientras la causa continúa su curso con las diligencias en el juzgado de guardia y la Fiscalía, y con las actuaciones administrativas pertinentes sobre la explotación afectada.
El expediente reúne las piezas clave del caso: una inspección motivada por irregularidades administrativas, el hallazgo de animales muertos y un informe técnico que alertó de riesgo sanitario, seguidos de la remisión a la autoridad judicial y la posibilidad de sanciones penales e inhabilitación para el propietario.