Un vecino de Vigo se encuentra bajo investigación por parte de la Guardia Civil por un presunto caso de maltrato a un caballo localizado en una finca de la provincia de Pontevedra. La actuación se enmarca en los controles que realiza el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) para vigilar el bienestar de los animales y el cumplimiento de la normativa vigente.
La intervención se inició tras una inspección en un terreno rústico el pasado 19 de enero, donde los agentes descubrieron dos caballos en condiciones irregulares. Además de las sospechas de maltrato sobre uno de ellos, los efectivos comprobaron que ambos animales carecían de identificación obligatoria, al no disponer de marcas externas ni de microchip, como exige la legislación en España y en el conjunto de la Unión Europea para el control sanitario y de propiedad.
Inspección del Seprona en un terreno rústico de Pontevedra
Según la información facilitada por la Guardia Civil, el dispositivo se desarrolló en un terreno de carácter rústico en el que se encontraban dos equinos en distintas parcelas. Durante la inspección ocular, los agentes constataron que ninguno de los animales estaba identificado de forma reglamentaria, algo especialmente relevante en la gestión de animales domésticos y de explotación en España.
En una de las parcelas, los agentes hallaron a un primer caballo sujeto con una cuerda sin sistema antitorsión. Tras revisar su estado físico, comprobaron que no presentaba lesiones visibles y que estaba correctamente alimentado, por lo que, al menos a simple vista, se encontraba en una condición de salud aceptable.
El segundo animal se hallaba en la parcela rústica contigua, también atado con una cuerda, pero en este caso unido a un cabezal de cadena metálica. Fue este elemento el que encendió todas las alarmas, ya que los agentes apreciaron que la cadena no solo estaba demasiado ajustada, sino que se encontraba literalmente incrustada en la cabeza y el hocico del caballo.
El terreno, de uso agrícola o ganadero, presentaba las típicas condiciones de una finca de campo, pero la atención de los efectivos del Seprona se centró en el equipamiento utilizado para sujetar al animal, que resultaba claramente inadecuado y potencialmente lesivo, más allá del desgaste normal que pudiese sufrir un caballo por el simple hecho de estar atado.
Los hechos detectados ese 19 de enero se incorporaron a unas diligencias que, según el protocolo habitual, fueron documentadas con detalle y posteriormente remitidas a las autoridades competentes para su análisis jurídico.
Lesiones graves por un cabezal de cadena metálica
Al examinar con mayor detenimiento al segundo equino, los agentes comprobaron que el cabezal metálico se había clavado en la carne del animal en varias zonas. El hierro rodeaba la cabeza hasta el punto de provocar heridas abiertas y de cierta profundidad, con especial incidencia en la nuca y en la parte superior del hocico, donde las marcas eran más visibles y preocupantes.
De acuerdo con la valoración preliminar recogida por la Guardia Civil, todo el tramo de la cabeza que quedaba abrazado por la cadena metálica presentaba indicios de que el material se estaba hundiendo progresivamente en los tejidos. Los agentes interpretaron que el cabezal habría sido colocado cuando el animal era más joven y tenía un tamaño menor, y que, al ir creciendo el caballo, la cadena no se habría aflojado ni sustituido, quedando cada vez más ajustada y causando un daño continuo.
En la inspección también se observó en la pata izquierda del caballo una herida ya cicatrizada, con poco pelo en la zona afectada. Esta lesión se relacionó con la rozadura producida por la cuerda con la que el animal permanecía atado, lo que indicaba un contacto prolongado y sin las debidas medidas de protección.
Este conjunto de lesiones, tanto las que seguían abiertas como las que ya habían cicatrizado, se valoran en el ámbito penal como posibles indicios de un trato inadecuado y mantenido en el tiempo, algo especialmente relevante a la hora de determinar si existe o no un delito de maltrato a animales domésticos, figura recogida en el Código Penal español.
Las autoridades subrayan que el uso de cadenas o elementos metálicos ajustados en exceso para inmovilizar o controlar a un caballo se considera una práctica contraria a las normas básicas de bienestar animal, más aún cuando provoca heridas tan evidentes como las observadas en este caso.
Intervención veterinaria y seguimiento del caballo
Tras constatar la gravedad del estado del equino afectado, los agentes del Seprona solicitaron de inmediato la intervención de un veterinario para atender las lesiones. El profesional se encargó de valorar el alcance real de las heridas y de establecer el tratamiento necesario para aliviar el dolor y favorecer la recuperación del animal.
Además de la asistencia inicial, la Guardia Civil indicó que se había previsto un seguimiento veterinario periódico, con el fin de comprobar la evolución de las heridas y garantizar que el caballo recibe las atenciones adecuadas. Este tipo de control continuado es habitual en situaciones en las que se sospecha de un posible maltrato, ya que permite documentar la mejoría o, en su caso, la persistencia de secuelas.
La actuación sanitaria se enmarca en las obligaciones que la normativa española y europea impone respecto al bienestar y protección de los animales, especialmente cuando se trata de animales domésticos o de compañía, categoría en la que se incluyen los caballos en múltiples contextos, tanto recreativos como profesionales.
El estado del otro caballo hallado en la finca, que no presentaba lesiones aparentes, también quedó registrado para constatar que, pese a la falta de microchip y de identificación externa, su condición física era razonablemente buena. Aun así, este animal forma parte del mismo caso al compartir propietario y circunstancias de tenencia.
La combinación de la inspección del Seprona y de los informes veterinarios será clave para que las autoridades judiciales determinen si existió un sufrimiento evitable y prolongado en el tiempo para el caballo lesionado, requisito fundamental en la valoración penal de este tipo de hechos.
Investigación al propietario y traslado del caso a la Fiscalía
Una vez recopilada la información necesaria sobre el terreno, los agentes realizaron distintas pesquisas hasta localizar al supuesto propietario de los dos caballos, un hombre residente en Vigo. Tras su identificación, fue formalmente investigado como presunto autor de un delito contra los animales, tipificado en el Código Penal español cuando se ocasionan daños graves a un animal doméstico.
La Guardia Civil elaboró las correspondientes diligencias policiales, en las que se recogen los hechos observados, las valoraciones técnicas y la documentación gráfica obtenida durante la inspección. Todo este material fue remitido al área de Medio Ambiente de la Fiscalía, organismo encargado de valorar si procede continuar con la vía penal y, en su caso, formular una acusación ante los juzgados competentes.
En esta clase de procedimientos, la figura del Seprona juega un papel esencial como cuerpo especializado en la protección de la naturaleza y los animales, actuando como nexo entre la realidad sobre el terreno y la posterior instrucción judicial. Su labor incluye tanto la detección de posibles infracciones como la recopilación de pruebas y la coordinación con otras instituciones.
El investigado podría enfrentarse, en función de lo que determine la autoridad judicial, a penas que van desde multas económicas hasta la inhabilitación para la tenencia de animales, e incluso a penas de prisión en los supuestos más graves que contempla la ley. La valoración de la intencionalidad, la duración del sufrimiento y el grado de lesión serán factores determinantes.
Este caso se suma a otros procedimientos abiertos en distintos puntos de España y de Europa relacionados con el maltrato y la falta de bienestar en caballos, un ámbito que en los últimos años ha recibido una atención creciente tanto por parte de las autoridades como de la ciudadanía, especialmente en entornos rurales donde estos animales siguen siendo muy comunes.
El episodio vivido en este terreno rústico de Pontevedra refleja cómo una combinación de falta de control, equipamiento inadecuado y escasa supervisión puede derivar en lesiones graves para un animal, y pone de nuevo sobre la mesa la importancia de la identificación obligatoria, de las revisiones periódicas y del cumplimiento estricto de las normas de bienestar, al tiempo que deja en manos de la Fiscalía y de los juzgados la decisión sobre la responsabilidad penal del propietario investigado.
