
La Guardia Civil mantiene abierta una investigación sobre el propietario de una explotación equina en Cártama (Málaga) tras localizar en una de sus parcelas a una yegua en un estado de deterioro físico tan grave que los veterinarios no tuvieron más remedio que sacrificarla. El caso, detectado gracias a un aviso ciudadano, se ha convertido en un nuevo ejemplo de la respuesta penal ante posibles casos de maltrato animal en explotaciones ganaderas.
Según la información facilitada por el instituto armado, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) comprobaron sobre el terreno que el animal presentaba signos evidentes de abandono prolongado, sin los cuidados mínimos ni la atención veterinaria básica que exige la normativa. La investigación se centra ahora en determinar el grado de responsabilidad del dueño en el empeoramiento irreversible del estado de la yegua.
Actuación del Seprona tras un aviso ciudadano
La intervención se inició cuando, a través de la colaboración ciudadana, se recibió una comunicación alertando de la presencia de un equino aparentemente abandonado en una finca situada en el término municipal de Cártama. La persona que dio el aviso advirtió de que el animal se encontraba inmóvil desde hacía tiempo y presentaba un aspecto muy deteriorado.
Con esta información, una patrulla del Seprona de la Compañía de Coín se desplazó hasta la parcela señalada. A su llegada, los guardias civiles localizaron a la yegua tumbada en posición de decúbito lateral, es decir, recostada de lado sobre el suelo, y constataron que no era capaz de incorporarse por sí misma, pese a los intentos de estímulo y ayuda de los agentes.
Durante la inspección inicial, los miembros del Seprona observaron un estado corporal muy deficiente y una evidente falta de atención. El animal mostraba un aspecto lamentable, con signos compatibles con un abandono prolongado de sus necesidades básicas, tanto en lo relativo a la higiene y el manejo del casco como a la supervisión veterinaria periódica.
Los agentes documentaron la escena y recogieron datos sobre las condiciones de la parcela, la disponibilidad de refugio y agua, y cualquier indicio que pudiera aclarar cómo se había llegado a esa situación de deterioro extremo. Toda esta información ha quedado incorporada a las diligencias remitidas a la autoridad judicial.
Los investigadores verificaron además la vinculación del animal con la explotación equina titularidad de la persona investigada, lo que permitió atribuirle la responsabilidad sobre los cuidados —o, en este caso, la ausencia de ellos— que debía haber recibido la yegua.
Una grave deformación en la extremidad posterior
En la inspección ocular, los agentes comprobaron que la yegua sufría una deformación muy severa en la extremidad posterior izquierda. El casco presentaba un crecimiento excesivo y anómalo, indicio de que llevaba un largo periodo sin ser recortado ni tratado adecuadamente, algo básico en la gestión de cualquier caballo.
Esta alteración en la forma y longitud del casco provocaba que el animal no pudiera apoyar la pata sobre la superficie del casco como sería normal, sino que acabara cargando el peso directamente sobre las articulaciones. Esta forma de apoyo antinatural generaba un dolor intenso y continuo, así como lesiones estructurales de carácter irreversible en las extremidades.
De acuerdo con la información recabada, esa patología no solo afectaba al movimiento, sino que también le impedía mantenerse en pie con estabilidad, lo que explicaría que permaneciera postrada en el suelo de manera permanente. La imposibilidad de levantarse conlleva, en caballos y yeguas, un rápido empeoramiento de su condición general y un alto riesgo para su vida.
El Seprona destacó que el grado de deformación del casco y el estado general del animal apuntan a un proceso prolongado en el tiempo, durante el cual no se habrían aplicado los cuidados veterinarios ni el manejo básico necesarios para evitar el empeoramiento de la lesión.
La falta de actuación a tiempo habría permitido que una patología inicialmente tratable derivara en una situación crónica, dolorosa y sin posibilidad de recuperación, circunstancia que se tendrá en cuenta en la valoración penal de los hechos.
Intervención veterinaria y eutanasia del animal
Ante el estado crítico de la yegua, los agentes solicitaron de inmediato la presencia de los servicios veterinarios competentes. Al lugar acudieron dos facultativos, que llevaron a cabo un examen clínico completo para evaluar las posibilidades reales de tratamiento y recuperación.
Tras la exploración y la valoración del cuadro clínico, los veterinarios concluyeron que el animal sufría un dolor extremo derivado de la deformación del casco y de los daños causados en las articulaciones, además de un deterioro general incompatible con una vida digna. Las lesiones se consideraron estructurales e irreversibles, por lo que no existía una opción razonable de mejora a medio o largo plazo.
Ante este panorama, y siguiendo los criterios de bienestar animal, se determinó que la única medida posible era proceder a la eutanasia humanitaria de la yegua, con el objetivo de evitarle un sufrimiento adicional. La decisión fue adoptada por los profesionales veterinarios y ejecutada siguiendo el protocolo establecido.
El sacrificio del animal se llevó a cabo en la propia finca, bajo la supervisión de los agentes del Seprona, que documentaron el procedimiento y recogieron los informes clínicos emitidos por los facultativos. Estos informes se consideran pruebas clave a la hora de acreditar la gravedad del cuadro y la imposibilidad de recuperación.
La intervención veterinaria, además de poner fin al sufrimiento de la yegua, ha permitido fijar con precisión el alcance del presunto maltrato, dado que la ausencia de tratamiento y de cuidados durante un periodo prolongado se considera un elemento determinante en la investigación penal.
Falta de cuidados y posible delito de maltrato animal
A lo largo de la investigación, los efectivos del Seprona constataron que el propietario de la explotación equina no habría proporcionado al animal la asistencia veterinaria obligatoria que exige la normativa vigente, ni los cuidados básicos de manejo necesarios para evitar el agravamiento de la enfermedad.
Entre esas obligaciones se encuentran la revisión periódica del estado de los cascos, el seguimiento veterinario cuando se detectan cojeras o alteraciones en la marcha, y la actuación inmediata ante cualquier síntoma compatible con dolor intenso o limitación grave de movilidad. La ausencia de estas actuaciones habría permitido que la patología evolucionara hasta causar un cuadro irreparable.
El instituto armado considera que esta presunta omisión de cuidados, unida al estado en que fue localizada la yegua, podría encajar en un delito de maltrato animal, dado que se habría generado un sufrimiento intenso y continuado, así como la pérdida definitiva del bienestar del animal, sin que se adoptaran medidas para remediarlo.
El propietario ha sido por ello investigado como presunto autor de un delito de maltrato, sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que puedan realizar la Fiscalía y, en su caso, los tribunales. En esta fase, la Guardia Civil se ha limitado a instruir diligencias y a recopilar toda la documentación técnica y gráfica disponible.
Este tipo de actuaciones se enmarca en el trabajo habitual del Seprona, que tiene encomendada la vigilancia del cumplimiento de la normativa de bienestar animal tanto en explotaciones ganaderas como en entornos urbanos y rurales, actuando de oficio o a partir de denuncias y avisos de la ciudadanía.
Remisión del caso a la Fiscalía de Medio Ambiente
Una vez finalizadas las actuaciones iniciales, la Guardia Civil ha puesto las diligencias a disposición de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, órgano encargado de analizar la documentación, los informes veterinarios y las pruebas recabadas por los agentes.
Corresponde ahora a la Fiscalía determinar si los hechos investigados reúnen todos los elementos necesarios para impulsar un procedimiento penal ante los juzgados competentes, así como valorar la posible petición de penas y medidas accesorias, entre ellas la inhabilitación para la tenencia de animales o para el ejercicio de actividades relacionadas con ellos.
En este tipo de causas, los informes técnicos de los veterinarios actuantes, los partes fotográficos y las actas de inspección del Seprona tienen un peso fundamental a la hora de acreditar tanto la gravedad objetiva de las lesiones como el tiempo durante el cual se habría mantenido el sufrimiento del animal sin intervención adecuada.
El caso de Cártama se suma a otros procedimientos recientes en España en los que se investiga a responsables de explotaciones por presunto maltrato de équidos, lo que refleja una mayor sensibilidad social y jurídica frente a situaciones de abandono, desatención o trato inadecuado hacia caballos, yeguas y otros animales de producción o compañía.
Las autoridades insisten además en la importancia de la colaboración ciudadana para detectar a tiempo posibles casos de maltrato, recordando que cualquier persona que observe situaciones de abandono o sufrimiento injustificado en animales puede ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad para que se adopten las medidas oportunas.
El episodio ocurrido en esta explotación equina de Cártama pone de relieve cómo la falta de cuidados básicos y de atención veterinaria puede desembocar en consecuencias irreversibles para los animales y derivar en responsabilidades penales para sus responsables, al tiempo que muestra el papel del Seprona y de los servicios veterinarios en la protección efectiva del bienestar animal.
