Más de una década después de que saltaran las primeras sospechas, el presunto dopaje a gran escala de caballos de trote en Mallorca está a punto de dirimirse ante un tribunal. Lo que en su día se conoció como operación Cabriol vuelve a la primera línea informativa al acercarse la celebración del juicio, en el que se examinarán años de supuestas prácticas irregulares en las competiciones de la isla.
La causa, que se ha prolongado durante años entre diligencias y retrasos, se centra ahora en dos conductores de trote y responsables de una cuadra con numerosos triunfos. Ambos se sentarán en el banquillo acusados de haber utilizado medicamentos y sustancias dopantes para mejorar el rendimiento de los animales, con consecuencias que, según las acusaciones, habrían sido letales para varios caballos.
Del estallido de la operación Cabriol al inicio del juicio
La investigación que derivó en la llamada operación Cabriol se desarrolló en Mallorca en torno al año 2015, cuando el Seprona de la Guardia Civil puso el foco sobre el mundo del trote y las cuadras de competición de la isla. En aquella fase inicial, los agentes llegaron a detener a ocho posibles implicados, todos ellos vinculados a hipódromos y caballos de carreras.
Con el paso del tiempo y tras una instrucción especialmente larga, la causa quedó finalmente reducida a dos encausados, ambos de 51 años y residentes en la zona de Manacor. Según las diligencias, estos hombres, además de conducir caballos en competiciones, gestionaban una cuadra y se dedicaban también a la otros participantes del circuito de trote.
El caso parecía llegar por fin a su fase decisiva con la señalamiento de una vista oral en un juzgado de lo Penal de Palma, en la sede de Vía Alemania. Sin embargo, esa primera cita se tuvo que suspender debido a la enfermedad del abogado de una de las partes, lo que obligó a posponer el inicio del juicio y alargó todavía más una causa ya de por sí marcada por los retrasos.
A pesar de este nuevo aplazamiento, tanto la Fiscalía como las acusaciones personadas dan por hecho que el procedimiento se encuentra en su tramo final y que, salvo nuevos incidentes, el juicio por dopaje en caballos de trote en Mallorca se celebrará en los próximos meses, cerrando así una etapa de más de diez años de investigación, informes periciales y declaraciones.
La dimensión del caso no se limita al ámbito puramente deportivo: el proceso ha despertado un notable interés social al poner sobre la mesa el maltrato animal asociado a las prácticas de dopaje y el debate sobre la regulación y el control en las competiciones ecuestres de las islas.
Acusaciones de dopaje, maltrato grave y corrupción en los negocios
El núcleo del caso gira en torno al presunto uso reiterado y sistemático de medicamentos y sustancias dopantes en caballos de trote. La Fiscalía sostiene que los dos acusados se dedicaban a distribuir productos veterinarios de uso exclusivo profesional y que, además, los administraban directamente a los caballos de su cuadra para mejorar su rendimiento en los hipódromos de Mallorca.
Según el escrito del Ministerio Público, los procesados actuaban “de común acuerdo y en connivencia”, a pesar de carecer de cualquier formación o conocimiento veterinario. Aun sabiendo que sus actuaciones podían poner en serio peligro la integridad física y la vida de los animales, habrían suministrado los productos por distintas vías: oral, mediante sondaje nasogástrico, y a través de inyecciones por vía venosa e intramuscular.
Entre las sustancias citadas en la causa figuran nombres como Hipiron, Amg, Terramicina, Dobetin 5000, Phytorenal, DMSO, Stimulfos, Repris, Emo-15 (inyectable), Yodo-Yet, Selebit, ácido hialurónico, glucosamina, acetilcisteína, Lactanasse, así como otros preparados como Pneumugol, Embutasil, Furosemida o Seguril. La acusación subraya que algunas de estas sustancias pueden considerarse dopantes tanto por sus principios activos como por la forma y el momento en que se habrían administrado.
El uso conjunto y prolongado de estos productos habría provocado, siempre según la Fiscalía, lesiones muy graves a los caballos: cojeras persistentes, taquicardias severas, colapsos cardíacos, alteraciones profundas en el sistema orgánico, hipotensión acusada, un aumento del riesgo de traumatismos mortales, fallos multiorgánicos, daño renal e incluso la muerte en varios casos.
La Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales (ABADA) participa en el procedimiento como acusación particular y va un paso más allá de la calificación de la Fiscalía. Además de las muertes y lesiones de los animales, esta entidad apunta a la posible existencia de delitos de corrupción en los negocios vinculados a la explotación económica de las competiciones de trote, al entender que el dopaje habría alterado de forma fraudulenta el resultado de las pruebas y los premios asociados.
Doce caballos afectados y tres muertes bajo la lupa judicial
Los investigadores han documentado que, al menos, doce caballos de competición de la isla habrían sufrido las consecuencias del uso reiterado de estas sustancias. Los informes recogen desde complicaciones clínicas severas hasta fallecimientos directamente relacionados con las prácticas descritas en la causa.
Entre los casos más graves figuran tres animales que murieron. El caballo Crazy King habría fallecido debido a un cuadro cólico por torsión del intestino grueso, vinculado a la administración de productos y a la exigencia física a la que era sometido. En el caso de Quassia Barbes, la causa de la muerte fue la rotura de una pata, un desenlace que la acusación relaciona con el sobreesfuerzo y el estado físico alterado del animal.
El tercer fallecimiento señalado es el de Rialto Blanc, que, según la documentación del caso, murió tras sufrir sondaje reiterado, sobreestimulación y punción venosa frecuente. Para la Fiscalía, este conjunto de maniobras habría superado con creces cualquier tratamiento razonable y se habría convertido en un factor determinante en el desenlace mortal.
El resto de caballos afectados presentan un amplio abanico de lesiones y síntomas: animales con manipulación constante de la zona yugular, ejemplares con indicios de exceso de toxinas en el organismo, caballos sometidos a sondajes nasogástricos antes de competir, estrés químico acusado, así como daños en extremidades por inyecciones continuadas de diferentes fármacos y estimulantes.
Para la acusación pública, este conjunto de hechos no responde a intervenciones puntuales o aisladas, sino a un patrón claro de maltrato grave a animales domésticos vinculado a la búsqueda de mejores resultados en las carreras de trote, por encima del bienestar y la salud de los caballos.
Penas solicitadas y efecto de las dilaciones indebidas
Pese a la gravedad de los hechos relatados en la causa, la petición de castigo formulada por la Fiscalía es relativamente moderada. El Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados tres meses de prisión y un año de inhabilitación para cualquier profesión u oficio relacionado con la tenencia, el cuidado o el comercio de animales, al considerarles autores de un delito de maltrato grave a animales domésticos.
Esta petición de pena reducida se explica por la aplicación de la atenuante cualificada de dilaciones indebidas. Los hechos investigados se remontan a un periodo anterior a 2015 y, a lo largo de más de una década, el procedimiento ha ido acumulando retrasos en la instrucción, cambios procesales y suspensiones de vistas que han alargado de forma notable la tramitación.
En la fase inicial, cuando la operación Cabriol sacudió el sector del trote en la isla, la fiscalía llegó a contemplar penas más elevadas para los distintos investigados. Sin embargo, el paso del tiempo, la reducción del número de acusados de ocho a dos y la apreciación de las dilaciones han terminado por rebajar de forma muy significativa la solicitud de condena.
ABADA, por su parte, mantiene una postura más contundente y reclama que, además del maltrato animal, se valoren otros posibles delitos, como la corrupción en los negocios vinculados a las carreras. La entidad pretende que el procedimiento no se limite a las lesiones y muertes concretas, sino que abarque también el impacto que el dopaje habría tenido sobre la limpieza de las competiciones, los premios y la economía del sector.
Con todo, será el tribunal quien deba decidir finalmente si concurren uno o varios delitos, si procede mantener o elevar las penas solicitadas y qué peso tienen las dilaciones indebidas a la hora de fijar una eventual condena por este presunto caso de dopaje en caballos de trote en Mallorca.
Impacto en el trote mallorquín y debate sobre el control del dopaje
La operación Cabriol dejó una huella profunda en el mundo del trote en Mallorca. La investigación afectó a la imagen de los hipódromos de la isla, generó desconfianza entre los aficionados y abrió un debate interno sobre hasta qué punto estaban siendo eficaces los controles para evitar el dopaje en las carreras.
Más allá del caso concreto, muchas voces dentro y fuera del sector han aprovechado estos años para reclamar mayor transparencia y controles más estrictos en las competiciones ecuestres, no solo en Baleares sino en el conjunto de España y de Europa. El objetivo sería reforzar los protocolos de vigilancia, mejorar la formación en bienestar animal y garantizar que cualquier sospecha de dopaje sea investigada de forma rápida y eficaz.
La causa que ahora llega a juicio también ha servido para poner el foco en la venta y distribución de productos veterinarios fuera de los cauces estrictamente profesionales. La posibilidad de que sustancias de uso exclusivo veterinario acaben en manos de particulares sin formación ni supervisión ha encendido las alertas entre colegios profesionales, asociaciones animalistas y responsables públicos.
En este contexto, el desenlace del juicio se mira con atención desde distintos ámbitos: aficionados al trote, profesionales del sector ecuestre, colectivos defensores de los animales y operadores jurídicos. Muchos consideran que la respuesta judicial a este caso puede marcar un precedente relevante de cara a futuros procedimientos relacionados con el dopaje y el maltrato animal en competiciones deportivas.
Con la operación Cabriol a punto de escribir su capítulo final en los juzgados de Palma, el caso se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre la búsqueda del rendimiento deportivo y el respeto a los límites éticos y legales en el trato a los animales. Lo que determinen los jueces sobre las responsabilidades de los acusados, las lesiones sufridas por los caballos y la entidad de las penas terminará de perfilar el alcance real de uno de los episodios más controvertidos del trote mallorquín en los últimos años.
