Oliva ha puesto en marcha una comisión de investigación para aclarar si se produjo la reventa de alfalfa, pienso y paja adquiridos con fondos municipales para el mantenimiento de siete caballos incautados en la localidad.
El equipo analizará documentación municipal y los informes disponibles con el objetivo de delimitar responsabilidades, en un proceso que la oposición reclama que sea riguroso y transparente, y que la Alcaldía, encabezada por Yolanda Pastor, se compromete a impulsar sin interferencias.
Qué se está investigando
El foco está en la presunta venta de alfalfa, pienso y paja sufragados por el ayuntamiento para los caballos bajo custodia municipal. La hipótesis a contrastar es que parte de ese material habría sido revendido de forma irregular a un particular. La fibra en la dieta es clave para entender el uso correcto de esos suministros.
La investigación se activa tras la denuncia de un vecino —agente de policía local en otra población— que asegura haber pagado por productos que luego supo que ya estaban abonados por el consistorio. Con esos datos, la Alcaldía trasladó los hechos a la Guardia Civil para determinar si pudieran constituir delito.
Los animales están bajo tutela del ayuntamiento después de ser incautados a un hombre detenido y acusado de maltrato animal, un contexto que añade urgencia para asegurar su correcta alimentación, atención veterinaria y bienestar.
Quién integra la comisión y cómo se constituyó
La comisión la preside Rosa Pous (UCIN), decisión que salió adelante pese a la resistencia inicial de Projecte Oliva (PRO). La oposición argumentó que, al estar implicada una concejala de PRO, lo prudente era situar al frente a una representante de otra formación.
Además de la presidencia, forman parte la alcaldesa, en representación de PRO, y los portavoces de PSPV (Ana Morell), Compromís (Yolanda Navarro) y PP (Germán Salazar). El órgano nace por acuerdo plenario del 13 de agosto y actuará con entrevistas, revisión de expedientes y peticiones formales de información.
El arranque del trabajo colegiado llega tras varias semanas de tensión política, con reproches cruzados y llamadas a priorizar el interés general para que los hallazgos sean objetivos y verificables.
Calendario, documentación y primeras medidas
La primera reunión está fijada para el lunes a las 11:00, con una agenda que incluye recabar facturas, albaranes y órdenes de compra vinculadas al mantenimiento de los caballos.
La portavoz socialista, Ana Morell, ha insistido en acceder a todas las facturas sufragadas por el ayuntamiento en concepto de veterinarios, pienso y otros suministros, como la avena para caballos, trámites que —según denuncian— han solicitado en dos ocasiones sin respuesta completa.
También se revisarán los informes policiales y las comunicaciones enviadas por la Alcaldía a la Guardia Civil, con la intención de reconstruir el itinerario de los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
La custodia de los animales, en el centro del debate
La alcaldesa cesó a Maria Bertomeu de sus cargos en el Gobierno local tras conocerse las irregularidades, pero tanto ella como su pareja —señalado en la denuncia por la supuesta reventa— siguen, a día de hoy, vinculados al cuidado de los caballos, una circunstancia que ha generado críticas.
La presidenta de la comisión, Rosa Pous, ha admitido que la situación es cuando menos llamativa y ha deslizado que una de las primeras decisiones podría ser apartarlos de la cuadra mientras se esclarecen los hechos, con el fin de evitar cualquier conflicto de interés.
Garantizar la continuidad del suministro de pienso, paja y la atención veterinaria, así como el control de los inventarios y del gasto público, figura entre las prioridades para asegurar el bienestar de los animales durante todo el proceso.
Origen de la denuncia y marco político
El caso salió a la luz cuando un vecino denunció que el cuidador de los caballos, designado por la entonces responsable de Medio Ambiente y Bienestar Animal, le cobró por material que supuestamente ya estaba pagado con fondos municipales. Tras la comprobación inicial, la Alcaldía elevó la información a la Guardia Civil.
En el terreno político, PSPV, PP y Compromís se plantaron para que PRO no presidiera el órgano, entendiendo que así se refuerza la independencia de la investigación. Finalmente, la opción de UCIN prosperó y marcó el punto de partida del trabajo colegiado.
Fuentes municipales recalcan que el objetivo no es otro que esclarecer si hubo irregularidades en la gestión de recursos destinados a los caballos, delimitar responsabilidades y adoptar medidas correctoras que impidan que un episodio similar vuelva a repetirse.
Con el calendario ya en marcha, el expediente se apoyará en facturas, informes y testimonios para confirmar o descartar la presunta reventa de suministros municipales, decidir sobre la continuidad de los actuales cuidadores y asegurar que el gasto público destinado a los animales se emplee de forma adecuada y trazable.
